Gabriel Morini

Gualeguaychú, en manos de la Justicia

SURda

 

 

Pagina 12

En el Boletín Oficial apareció el decreto del Ejecutivo en el que el Estado se presenta como “parte querellante” en la causa contra los asambleístas que cortan la ruta 136. El juez tiene que evaluar el resultado del operativo de Gendarmería.

La notificación finalmente llegó. Ayer a las 10.30 de la mañana, una delegación de la Gendarmería se presentó en el kilómetro 28 de la ruta 136 para notificar a los asambleístas que cuidaban el piquete de la resolución judicial tomada el pasado martes por el juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel. Bajo una intensa lluvia, se les comunicó el dictamen y se intentó la identificación de unos veinte integrantes del movimiento ambientalista que se encontraban en Arroyo Verde. El Gobierno, en tanto, publicó ayer en el Boletín Oficial el decreto 828/2010 firmado el viernes por la Presidenta, por el cual ratificó la presentación del procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, como “parte querellante” en la causa contra los asambleístas de Gualeguaychú. El juez deberá ahora analizar el resultado del procedimiento y evaluar si acepta o rechaza al Estado en la demanda iniciada por un grupo de vecinos que reclaman la liberación del paso fronterizo.

En un operativo sin incidentes y lejos de la cobertura mediática de los últimos días, una delegación del Escuadrón Gualeguaychú de Gendarmería Nacional, a cargo del comandante Carlos Arias, llegó a Arroyo Verde. Su misión era notificar a los allí presentes la decisión del juez Pimentel, en el marco de la causa abierta a raíz del corte de la ruta internacional 136, que une la localidad entrerriana con la oriental Fray Bentos. Sólo pudieron cumplir con parte de la tarea: los ambientalistas que montaban guardia a esa hora se negaron a firmar el acta y a ser identificados tras la lectura del dictamen. Los gendarmes se llevaron, por iniciativa propia, sólo siete nombres de los integrantes más mediáticos entre una veintena de activistas. Jorge Fritzler, José Pouler, Paola Robles, Sira Muñoz, María Elena Marchioli y los abogados del movimiento Luis Leissa y Osvaldo Fernández lograron ser reconocidos por el jefe del escuadrón debido a sus apariciones públicas.

La lectura de la notificación llevó más de una hora. Además del reciente dictamen de Pimentel, se sumaron los dos anteriores –emitidos por su antecesor, Guillermo Quadrini–, vigentes desde el último martes. Apenas conocido el rumor del arribo de los gendarmes, se levantó la barrera de Arroyo Verde, y convocaron a los letrados Leissa y Fernández, que llegaron diez minutos después de comenzada la lectura. Según le dijeron los activistas presentes en el lugar a Página/12, unos doce gendarmes –seis uniformados y seis de civil que “no paraban de sacar fotos”– llegaron acompañados por “dos testigos de 19 años” que certificaron las actuaciones, pero sin ningún oficial de Justicia. Con la barrera levantada y los asambleístas dentro del refugio debido a la copiosa lluvia, constó en actas que el paso no estaba bloqueado y que no había manifestantes sobre la traza de la ruta. Minutos después de la partida del contingente, la barrera bajó y Arroyo Verde volvió a su fisonomía habitual. Por su parte, el mismo Fritzler justificó el levantamiento temporal de la barrera ya que, “casualmente”, implementan esta medida “por precaución y para evitar accidentes los días de lluvia”.

En los considerandos del decreto 828/2010, oficializado ayer, la Casa Rosada reiteró que el corte implicó “diferentes ilícitos” que “constituyen un alzamiento contra una decisión internacional” dictada por la Corte de La Haya. El Ejecutivo avaló así la denuncia gubernamental efectuada por el procurador del Tesoro. En el texto se fundamenta que en la causa “se investigan las conductas atribuidas a un conjunto de ciudadanos, vinculadas con la ocupación indebida” del paso fronterizo que comunica con Fray Bentos, y que los bienes jurídicos vulnerados están bajo tutela del Estado, por lo que solicita ser aceptado como parte querellante.

Las actuaciones llevadas a cabo por la Gendarmería deberán ser remitidas al juzgado de Pimentel, que deberá determinar si al momento de ser notificados, los asambleístas estaban incurriendo en alguno de los delitos, y establecer los próximos pasos judiciales.

Fuente original: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-147638-2010-06-15.html